La Intersocial de Paysandú difundió una solicitud dirigida al intendente Nicolás Olivera para que en el sorteo de los 729 puestos de trabajo temporales del programa Oportunidad Laboral, se de cumplimiento a la normativa vigente respecto a la contratación laboral con cupos predeterminados, como acciones de discriminación positivas, para aquellos colectivos más vulnerabilizados. Los sorteos comienzan este miércoles en Paysandú.
En la solicitud se indica que “en el Congreso de Intendentes no se logró acuerdo respecto al porcentaje de cupos para personas trans, afrodescendientes y con discapacidad, quedando a criterio de cada gobierno departamental la instrumentación de los contratos. De acuerdo a los últimos datos estadísticos la tasa de desempleo, en todo el país, se ubica a febrero del 2021 en el 11,1 % y, en el interior, en el 11, 3%. Si lo detallamos por sexo se observa que el desempleo de las mujeres es 4.6% superior al de los varones”.
También se indica “que la pobreza en Uruguay aumentó en más de 100.000 pobres, y el mayor aumento se da en el interior del país dentro de la franja etaria de los 18 y 64 años. Esta situación social es consecuencia directa de la caída del salario real. Es decir, por la pérdida de 60.000 mil empleos, que hay muchas trabajadoras y trabajadores en seguro de paro, situaciones que han disminuido los ingresos personales y familiares, afectando también a las micro y pequeñas empresas”.
Concretamente la Intersocial de Paysandú le solicita al intendente Olivera que se dé cumplimiento a la Ley 19.684, respetando el cupo del 2% de contratación de personas trans; a la ley 19.133 de contratación de jóvenes como primera experiencia laboral; a la Ley 19.122 respecto a la contratación de un 8% de los cupos a población afrodescendientes; la contratación de un 4% de personas con discapacidad conforme a la ley 18.651 y además la apertura de cupos para mujeres en situación de violencia y para mujeres jefas de hogar.
Finalmente la nota indica que “como actores sociales y políticos que somos, sabemos que este tipo de decisión fortalece la democracia al salvaguardar el derecho de acceso al trabajo por la contratación de personas pertenecientes a los colectivos más vulnerabilizados”.
